Advertencia por la censura a la información pública

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En el marco de la Semana de la Memoria los diputados Luis Solana y Martín Berhongaray (Frepam) propusieron políticas activas en materia de derechos humanos y reactualizaron el proyecto que propone la autonomía de la Secretaría de DDHH del Poder Ejecutivo convirtiéndola en una Defensoría para poder abordar con mayor independencia casos de violaciones de derechos, acceso a la información pública y evitar abusos de autoridad.

“Actualmente, advertimos que la política de seguridad del gobierno provincial se aplica en muchos casos con discrecionalidad y de modo invasivo hacia el ciudadano, lo que puede derivar en el descontrol policial o situaciones de abuso de autoridad. Y hasta viola el acceso a la información pública al restringirle su acceso a la prensa, que es el principio de los derechos humanos”, indicaron los legisladores.
“Esto no significa estar en desacuerdo con el control policial de lo público, sobre todo ante el narcotráfico o las contravenciones que pueden generar casos de inseguridad y violencia, los que deben ser perseguidos por el Estado. Una política activa en ese sentido y el involucramiento de otras instancias estatales responsables, como la municipal, que muchas veces hacen la vista gorda, es necesario”, detallaron.
Solana y Berhongaray aclararon que “igualmente no se puede dejar la aplicación de esta política al arbitrio de una persona y de metodologías que justificadas en promover la seguridad lleven a actos que pueden generar abusos de autoridad y avasallamiento de derechos de la ciudadanía”.
“En ese marco, consideramos que el acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad democrática, que en nuestra provincia esta signada por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma. Llegando a extremos, como lo ha hecho el Ministro de Seguridad de negar información sobre los actos delictivos a los medios de comunicación”.
En ese sentido, propusieron, retomando un proyecto de ley del diputado Solana, que la Secretaría de Derechos Humanos se convierta en un organismo autónomo del Poder Ejecutivo Provincial para que tenga la suficiente independencia para convertirse en la herramienta para controlar la posibilidad de cualquier abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos. Y también poder acceder a la información pública que hoy es retaceada por el Ejecutivo en materia de seguridad.
Ambos diputados entienden que para que cumpla sus tareas con mayor autonomía y eficiencia, se debería crear dentro del ámbito de la Cámara de Diputados la Defensoría Provincial de Derechos Humanos de La Pampa como persona de derecho público.
Lo que se pretende es sustituir la Secretaría por una Defensoría para que no quede bajo la órbita del gobierno provincial para que tenga autonomía funcional lo que significa que no podrá recibir directivas de ninguna autoridad existente respecto a las funciones que se le asignan.
Entre las atribuciones la Defensoría debería intervenir “en materia de Derechos Humanos, formular políticas, proyectar normas y ejecutar programas que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación de grupos o personas”.
Asimismo debería recibir y tramitar las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, requiriendo los informes del caso a quien corresponda, “dando intervención al Ministerio Público o al Poder Judicial, cuando ello sea procedente, y formular las denuncias pertinentes; debiendo actuar como querellante”.

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