Agüero pidió inhabilitación y multa para exfuncionarios de Caleufú

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El fiscal general Armando Agüero pidió la pena de 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa cercana a los 200.000 pesos para los tres exfuncionarios de la Municipalidad de Caleufú, que fueron a juicio por “malversación de caudales públicos”.
Los propios acusados admitieron que utilizaron fondos específicos para obras por el centenario del pueblo, ante la falta de envío de fondos de la administración provincial a cargo de Oscar Mario Jorge, lo que calificaron como “discriminación” por ser radicales. La Defensa aseguró que no existió “dolo” y se trató de una maniobra habitual en todos los municipios.
Concluyó el juicio oral y público contra el exintendente Carlos Irrazábal, la exviceintendenta Susana Martín y el exsecretario tesorero José Luis Cisneros y los tres fueron considerados por la Fiscalía como “coautores de malversación de caudales públicos”, por utilizar para otros fines casi 400.000 pesos de un fondo rotatorio, creado por decreto y ley provincial para el uso exclusivo de créditos a pequeños productores afectados por la sequía que, una vez devuelto por los beneficiarios, debía prestarse a otros productores.

El fiscal Agüero dio por probados los hechos y remarcó que los funcionarios sabían que se trataba de fondos con destino específico, porque cuando ingresaron los 399.000 pesos fueron depositados en una cuenta de emergencia. También consideró que Irrazábal no podía desconocer el manejo de fondos públicos, por tratarse de una persona que lleva más de 30 años en la administración pública.
Pidió el máximo de la condena prevista, de 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y una multa del 50% del monto desviado.
La Defensa de los acusados admitió que los exfuncionarios pudieron incurrir en un “mal manejo”, pero aseguró que “no existió dolo” y se trataba de una maniobra “normal” en cualquier otro municipio. Consideró que Baras denunció a su cliente por los mismos manejos que ahora hace el intendente justicialista, informó El Diario

TESTIGOS
El primer testigo en declarar fue el exdiputado provincial del PJ Juan Ramón Garay, quien ocupó la presidencia de la Cámara por licencia del gobernador, en el momento que se aprobó la ley provincial del fondo rotatorio. Recordó que se trataba de dinero que venía de Nación y requerían autorización de la Cámara de Diputados de la Provincia para distribuirse en los municipios. Y ratificó que se trataba de fondos con un uso específico.
También declaró Daniel Kotani, exdirector de Ganadería, quien ingresó en la gestión que comenzó en diciembre de 2011 y reiteró la afectación específica de dicho fondo.
El contador Marcelo Cuadrado, a pedido de la Defensa, mostró con gráficos los movimientos contables del municipio de Caleufú, donde señaló que al 11 de diciembre (traspaso de gestión) en el balance había 400 pesos y no figuraba el fondo rotatorio, pero a los 20 días de la nueva administración ya tenían en el balance 500.000 pesos, que le servían para entregar a los productores.
El contador aseguró que existen registros del recupero de los créditos prestados, pero ante la pregunta del fiscal general sobre qué sucedía si algún productor pedía el préstamo en las últimas semanas de 2011, Cuadrado admitió que se encontrarían con “el cajón vacío”.

ACUSADOS
Una vez agotada la lista de testigos, la presidenta de Tribunal, Paola Loscertales, “olvidó” preguntarle a los acusados si querían declarar y dio paso a la presentación de pruebas, último paso del juicio previo a los alegatos. Una vez presentada la prueba, la Defensa pidió que declaren los tres exfuncionarios y se originó una confusa situación por la validez o no de los testimonios, que finalmente declararon.
El exintendente Carlos Irrazábal aseguró haber sido “discriminado durante toda la gestión” por su condición de radical.
Recordó en tal sentido que pidió varias reuniones con Jorge, pero nunca lo recibió. Y afirmó: “La gestión nueva del justicialista Baras- en 6 meses recibió el 500% más de todo lo que yo recibí en mis cuatro años de gestión”.
Se refirió a la declaración del exministro Abelardo Ferrán, quien como testigo- indicó que se realizó una reunión en Miguel Riglos, donde se explicó a todos los intendentes de la zona sobre el manejo del fondo rotatorio. Irrazábal aseguró en el juicio que “nunca fue invitado” a esa reunión.
Irrazábal admitió que “cuando me fui no estaba la plata” y aseguró luego: “Yo soy el único responsable porque daba las indicaciones”.

La exviceintendenta Susana Martín consideró sobre la causa en su contra que “todo fue armado por política”. Aseguró que “no se desviaron fondos” y consideró que sufrió “hostigamiento”, para recordar al respecto que “de buenas a primeras, ante el ingreso de las nuevas autoridades, el Concejo me excluyó como concejala por la denuncia en su contra, pero la Justicia me restituyó el cargo”.
También indicó que al municipio, la Provincia le entrega dinero “a cuenta gotas” y admitió que la plata del fondo rotatorio “se usó para arreglar el Jardín Maternal, la Comisaría del pueblo y la Casa del Centenario”.
El exsecretario tesorero José Luis Cisneros dijo que se limitó a firmar los cheques por indicación del intendente a cargo. Aseguró que “desconocía” que se trataba de un fondo específico.

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