Estafa: exfuncionario pampeano tiene que devolver $1.111.953

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó esta semana un recurso de queja y así quedó firme una sentencia que obliga un exfuncionario del Ministerio de Bienestar Social de La Pampa que admitió que, junto a sus familiares, estafó en 1.111.953 pesos al Estado provincial con la compra direccionada de insecticidas para un programa oficial de fumigación. El condenado es Juan Bautista Meaca, que se había negado a pagar.

Los condenados, en rigor, son tres: Juan Bautista Meacca, excoordinador de Epidemiología del Ministerio de Bienestar Social (ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud); su hermano Héctor Martín Meaca; y su esposa María de los Angeles García.

Esta denuncia fue iniciada en 2006 por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto (que un año después, acorralado por un jury, renunció).

¿Cómo estafó Meaca al Estado? Entre el 17 de enero de 2001 y el 6 de abril de 2006, cuando era titular de la coordinación ejecutiva de Epidemiología, simuló la compra de insecticidas a dos empresas, “Fumigadora Santa Rosa” y “Control Integral de Plagas Urbanas”. Los dueños de esas empresas, respectivamente, eran su hermano Héctor Martín y su esposa María de los Angeles.

Los productos vendidos por parte de las empresas de los familiares de Meaca fueron efectivamente pagados en 29 de las 31 oportunidades (dos de esas facturas nunca fueron pagadas porque los descubrieron). Sin embargo, esos bienes nunca ingresaron al patrimonio del Estado provincial.

En realidad, los insecticidas que se necesitaban eran suministrados por el Estado Nacional. Nunca por una empresa particular. Además, siempre hubo cantidad suficiente. Pero Meaca planteó una falsa necesidad de esos productos para llevar a cabo el fraude, informó Diario Textual.

Los imputados intentaron, a través de sus abogados Francisco Marull y César Ortiz, acordar un juicio abreviado para alivianar una eventual pena en un juicio oral y público que podría haber llevado al exfuncionario a la cárcel. El fiscal Jorge Marcelo Amado accedió.

El convenio estableció una pena a Juan Bautista Meaca de tres años de prisión de ejecución condicional, multa de noventa mil pesos e inhabilitación especial perpetua; a Héctor Martín Meaca, la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y multa de noventa mil pesos; y a María de los Angeles García, la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y multa de noventa mil pesos.

La Cámara en lo Criminal de Santa Rosa -con la firma de Elvira Rossetti de González, Miguel Angel Gavazza y Miguel Angel Vagge- finalmente en agosto de 2013 aceptó el acuerdo. Sin embargo, hizo ciertos cambios a ese acuerdo: exigió que los tres devolvieran al Estado provincial el millón de pesos que, en el convenio, figuraba como el monto del fraude.

La defensa inmediatamente cuestionó tener que devolver el dinero. Dijo que, en el acuerdo, nunca se habían comprometido a reintegrar el millón de pesos.

El caso pasó a ser analizado por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que confirmó la decisión de los camaristas de primera instancia. “La defensa -argumentó en su momento el juez Filinto Rebechi- no puede pretender que sus defendidos no acordaron el monto (…) y que el mismo fue incluido en el acuerdo en forma ‘accidental’ por fiscalía, cuando dicha suma dineraria es como resultado de perjuicio sufrido, más los intereses al 1º de julio de 2014, lo que nos está dando la pauta que indudablemente dichos ‘intereses’ debieron ser controlados por los imputados y por la propia defensa”.

“Bajo ningún concepto puede ser tomada como violatoria de la defensa en juicio de los imputados, cuando expresamente reconocen dicho perjuicio”, dijo el juez.

En otro párrafo, Rebechi se permitió cuestionar al sistema judicial y al Estado porque, en general, no reclaman el dinero a los condenados por corrupción. “Es cierto que en los delitos cometidos contra la administración pública, quienes resultan condenados, en la mayoría de los casos, si bien se establece el monto del perjuicio sufrido por el Estado no se impone a sus autores la obligación de resarcir el mismo. Ahora bien resultaría una saludable práctica republicana que en casos en que una persona resulta condenada por haber cometido una defraudación contra la administración pública, en la misma sentencia se determine no solo el monto defraudado, sino la obligación de resarcir el perjuicio ocasionado al Estado”.

Un dato llamativo: el fiscal que inició los trámites del juicio abreviado fue Marcelo Amado. Posteriormente, ya ante el recurso de apelación que presentó Meaca ante el TIP, dictaminó en calidad de procurador subrogante. Allí, frente a esos jueces, convalidó los argumentos de la defensa de Meaca: dijo que no debía pagar. Sus argumentos fueron desoídos en todas las instancias.

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