El gobierno no apela: la policía debe dejar de lado el cepo informativo

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Los asesores del gobierno no apelan el fallo de la jueza civil Adriana Pascual que estableció que el cepo informativo que impuso Tierno a la Policía vulnera el derecho al acceso a la información pública. Verna había dicho que el fallo era “equilibrado”

Quedó confirmado que la Policía tiene la obligación de brindar información sobre los delitos y los siniestros viales que ocurren en la provincia y debe dejar de lado el cepo informativo que impuso el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, desde que comenzó su gestión en diciembre del año pasado. Los asesores legales del gobernador Carlos Verna no recurrirán el fallo y, de esa forma, queda firme, según pudo saber El Diario. El mismo gobernador Carlos Verna había mencionado que el fallo era “equilibrado”.

Cabe recordar que la jueza civil Nº 5, Adriana Pascual, dictaminó que los uniformados deben entregar información sobre este tipo de hechos, con los recaudos que aconsejan los fiscales para no entorpecer la investigación, y así abandonar la práctica de negar la información de hechos de interés público cada vez que los requiere la prensa.

El gobierno podía apelar para que el fallo no quede firme. Sin embargo, decidieron no hacerlo: de esta forma, el ministro Tierno, que se había negado a aceptar el fallo, quedó totalmente desautorizado.

“Verna dispuso no apelar el fallo. Por expresa instrucción del señor gobernador, Fiscalía de Estado no apeló el fallo dispuesto en referencia al acceso a la información relativa a hechos policiales que sucedan en la Provincia. La consideración del titular del Ejecutivo Provincial fue que resultaba equilibrado el planteo según lo expresado por la Justicia”, informó este viernes el Boletín de Prensa de Casa de Gobierno.

La jueza emitió el fallo el pasado 1 de noviembre e hizo lugar parcialmente a una acción de amparo presentada contra la polémica instrucción de Tierno, que dificulta la tarea de los medios y viola el derecho de acceso a la información pública.

La sentencia condena a la Provincia a brindar “la información pública proveniente de las fuentes de información policial, con los alcances sugeridos por la Resolución de la Procuración General Nº 17/16 para la difusión de hechos e investigaciones penales y en el marco de la Ley provincial Nº 1612 y del Decreto provincial nº 978/95”. El fallo alude a un protocolo diseñado este año por el procurador Mario Bongianino acerca de la información que puede dar la Policía a la prensa.

El amparo había sido presentado por el apoderado de una empresa periodística del medio, Alberto Acosta, a partir de que, desde la asunción de las nuevas autoridades provinciales, el 10 de diciembre del año pasado, se produjo un abrupto corte en el flujo de información policial. Ante cada accidente de tránsito o siniestro ocurrido en la provincia, los medios chocaron una y otra vez, por lo menos hasta ahora, con el denominado “cepo informativo” y el ocultamiento oficial.

Como respuesta a la demanda, el fiscal de Estado, José Vanini, adujo que “la información policial que se requiere no es información pública de libre acceso que no reconozca límites, sino que es de carácter reservado, secreto, que contiene datos personales y sensibles respecto de personas, bienes y cosas, motivo por el cual no puede ser divulgada hasta que un fiscal o juez competente así lo disponga”. Y admitió que el Memorándum 13/16 dictado por el Ministerio de Seguridad estipula que “dará a conocer a la población, a través de estadísticas mensuales, los hechos delictivos acaecidos en la provincia y de siniestralidad en el tránsito”. “Los nombres y detalles de las personas involucradas en ambos hechos son datos reservados a la investigación en curso que no pueden darse a conocer sin consentimiento expreso del implicado y/o hasta tanto no medie sentencia judicial”, establece el memorándum.

Vanini afirmó que el hecho de que fuera “praxis” que los datos policiales les fueran suministrados a los medios periodísticos por canales informales no significa que tengan un derecho adquirido. Y apuntó que “los datos no se encuentran comprendidos dentro de un acto de gobierno que deba darse a publicidad de personas ajenas sin legitimación, ya que la información policial no puede ser definida como un acto de gobierno sino como una ’fuente informativa de carácter público’”. Agregó que “el verdadero interés público de la sociedad es que a partir de las actuaciones policiales se realice una correcta investigación fiscal y se logre determinar si en el caso concreto existió un delito con su correspondiente sanción para los sujetos involucrados”.

Sin embargo, en su fallo, la jueza Adriana Pascual dio por tierra con los argumentos del Gobierno y de la cartera de Seguridad. En primer lugar, recordó que “el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental del sistema republicano de gobierno y pone de manifiesto el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a todo tipo de información en entidades públicas o que reciban fondos del Estado, con la consecuente obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada”.

“Si el principio general es el acceso a la información, es una obligación del Estado la de suministrar ’toda’ la información que se encuentre en su poder, con las excepciones legales que correspondan. Ello por cuanto debe presumirse que toda la información estatal es pública”, aseveró la jueza.

En ese sentido, mencionó que en La Pampa la Ley 1612 garantiza a los periodistas el acceso a las fuentes informativas oficiales de carácter público. Respecto a delitos o siniestros viales, “corresponde que sea el Ministerio Público Fiscal quien (en una primera etapa de comisión del presunto hecho delictivo) instruya a la Policía pampeana acerca de la información que puede poner en conocimiento de la ciudadanía y, en una segunda etapa, cuando la instrucción penal se ha iniciado, brindar directamente la información atinente a las actuaciones judiciales en cuestión”.

En ese sentido, citó que el Ministerio Público Fiscal en el protocolo “les ordena a los agentes policiales ’informar’, con suma cautela, es cierto, pero informar al fin, acerca de los datos que pueden ser dados a conocer”. “En ningún momento se les prohíbe a los agentes policiales que brinden información, sino simplemente se les sugiere brindar información pero en forma de no obstaculizar la instrucción del caso”, aclaró.

Por ejemplo, en ese protocolo se les sugiere a los informantes policiales “evitar ofrecer datos acerca de los autores de hechos delictivos que pudieran alertarlos a través de los medios; narrar los hechos de modo general para no restar espontaneidad a las declaraciones testimoniales; evitar identificar a las personas fallecidas hasta que sus familiares directos se anoticien de su deceso; preservar la información que haga a la intimidad de la víctima; evitar precisar el monto exacto de las sumas de dinero sustraídas; abstenerse de informar acerca de ataques a la integridad sexual hasta que la víctima reciba la primera contención de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos; no dar a conocer datos acerca de víctimas o imputados menores de edad, etc.”.

Con respecto a las “estadísticas” que establece el Memorándum 13/16 del Ministerio de Seguridad, consideró que “no constituyen verdaderas ’fuentes’ de acceso directo a la información, sino que se trata de datos sistematizados extraídos de las fuentes que, luego de su procesamiento, son dados a conocer, y ello con posterioridad al relevamiento de los hechos efectuado por la Policía”. “De ninguna manera dichas estadísticas pueden ser consideradas como fuentes directas de información oficial”, insistió.

“No quedan dudas acerca de que el acceso a las fuentes de información estatal es un derecho necesario para poder ejercer plenamente el derecho a la libertad de expresión. Es decir que existe el derecho a ser informado y correlativamente la obligación de brindar dicha información”, reflexionó.

“No se enmarcarían en la información que debe proporcionarse -según lo indica la norma- ’en el estado en que se encuentra’, sin perjuicio de que dichas comunicaciones procesadas puedan ser entregadas al público como un elemento más de información, no cuestionándose la utilidad que las mismas pueden proporcionar”, abundó.

“Como corolario de todo lo expuesto, considero que la libertad amplia de acceso a las fuentes donde figuran las noticias debe ser la regla y que dentro del sistema republicano de gobierno, todos los actos del Gobierno y toda la información derivada de cada una de sus dependencias deben ser comunicados a la opinión pública para que la sociedad pueda tomar conocimiento de los mismos”, concluyó.

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