La censura en tiempos de democracia

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Muchos periodistas del interior de La Pampa, les tenemos que pedir disculpas a nuestros lectores, oyentes, o televidentes, por no brindar información policial y/o judicial con la precisión y detalles que muchas veces nos solicitan a través de mensajes internos por las redes sociales, llamados telefónico o personalmente.
El cepo que ha ordenado el ministro Juan Carlos Tierno, para que la policía no nos brinde información no nos perjudica sólo a nosotros, sino esencialmente a ustedes, que como ciudadanos tienen el derecho constitucional de acceder a la información pública, y la información judicial lo es.

El ministro Tierno ha expresado que son los Fiscales, quienes deben brindar información, ya la verdad que lo he intentado la semana pasada, por ejemplo me comunico con un Fiscal de los Tribunales de General Pico, para pedirle datos sobre un hecho concreto ocurrido en Realicó, y éste me responde que “ya le di una entrevista hace un ratito a un medio local (de General Pico) y si les doy entrevista a todos, se me pasa la mañana y no hago mi trabajo”.
Así de concreto, así de claro.
De esta forma, como la plantea Juan Carlos Tierno, resulta muy difícil trabajar, lograr la información que ustedes solicitan y es que si bien la brindamos, siempre nos faltan aspectos o detalles, para brindarla como realmente a mi (estoy seguro que a los colegas también) me gusta: chequeada, verificada, que sea oficial y no tomada de alguna fuente, que si bien es confiable, no nos deja la certeza de los hecho y nos puede llevar a incurrir en algún que puede terminar involucrando a personas inocentes, afectando su honor y reputación.
La actitud y decisión del ministro Juan Carlos Tierno es inaudita y repudiable desde todo punto de vista. Porque esa decisión debe ir acompañada de un política de organización de cómo se brindará la información desde los juzgados a los medios, tanto de las tres ciudades pampeanas que son sedes judiciales, como Santa Rosa, General Acha y General Pico, como así también a los medios del interior de la provincia.
Hoy las herramientas digita- les existentes permiten que la información llegue de manera rápida y simultánea a muchos medios, y ya hay juzgados federales, como provinciales que cuentan con oficinas de prensa y en cuyas páginas web se pueden encontrar fallos, como así también información breve, pero concreta de las causas mas relevantes y que generan un interés social, como así también los juzgados de turno con los números telefónicos de consulta correspondientes, o como en la caso de la provincia de Chaco o Jujuy, editoriales de los propios funcionarios judiciales que permite tener una mirada diferente y plantear objetivos de la justicia.
Las decisiones tomadas bajo la delegación del Poder Soberano, y que se den para el conocimiento de la sociedad deben darle un sentido al concepto etimológico de República; res (cosa) pública (que atañe a la sociedad) como nos enseñaban en la escuela primaria.
El sigilo, el ocultamiento de las decisiones de cualquier de los poderes del Estado (en este caso el judicial) choca con ese principio republicano, además de violar el artículo 6 de nuestra Constitución Nacional, en el que se consagra el derecho a la información.
Además, es importante recordar que dentro de todo proceso judicial se contempla el principio de publicidad, a la vez respetando aquellos pasos que puedan comprometer el éxito de una investigación de la justicia para llegar a un fallo justo en una determinada causa.
No obstante ello, de esta comprensión que desde los medios  tenemos, a la censura absoluta de la información, hay un largo trecho, lo que nos otorga el derecho a pensar que la pretensión de ocultar información policial, tiene como único objetivo, el de esconder la realidad sobre los índices de delitos en la provincia de La Pampa, ya que hoy se desconocen datos sobre robos, hurtos, ataque a la propiedad privada, a las personas etc., como así también el visible crecimiento del narcotráfico en la provincia, sobre lo que no se tiene tampoco demasiada información, como así tampoco de los procesos judiciales correspondientes.
La ausencia de una Ley de Acceso a la Información Pública en la provincia de La Pampa y en nuestro país, aportan también para que se tomen este tipo de decisiones, que en definitiva nos termina afectando como sociedad totalmente desinformada.
Su existencia sería un elemento idónea para preservar el Estado de Derecho y poder ejercer un contrapeso de control, frente a las decisiones de los tres Poderes del Estado, propiciando además la credibilidad y transparencia de las instituciones a través del control del mismo Pueblo.
Por todo ello, es que reitero mis disculpas a ustedes esperando se analice esta medida anti republicana y anti democrática.
(José María González)

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