Nuevo gobierno informó deuda municipal de la gestión anterior

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Al 10 de diciembre del 2015, el municipio realiquense debe $4.486.084,68 a lo que se deben agregar los juicios pendientes en marcha, el pago de otros con sentencia, y órdenes de pago sin ningún respaldo documental por 14.976.771,94 pesos.
La denuncia correspondiente por parte de Roxana Lercari, a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, está en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en donde también figura la supuesta adulteración de cuentas públicas.
Estos datos fueron brindados en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el salón de actos de la municipalidad local, encabezada por la intendente Roxana Lercari, el secretario de Gobierno Alejandro Avila, y el secretario de Finanzas Matías Pinardi.
En un minucioso detalle que brindó primero el contador Pinardi, algunos de los datos no coinciden con lo que enunció Sola al dejar su mandato, ya que el ex intendente saliente declaró una deuda de 1.918.000 pesos, pero en los primeros días de gestión de Lercari aparecieron deudas de proveedores solamente de 1.500.000 pesos, a lo que se agregaba una deuda a Sapem de 3.000.000 conocida luego de reunirse con los directivos de la empresa,, mientras que Sola había declarado que tal deuda era de 678.000 pesos.
Además de la deuda, se dejaron fondos destinado para determinadas obras, que no fueron utilizados en su momento, por lo que con la devaluación e inflación, hoy no alcanzan para concretarlas en su totalidad.
Entre ellos figuran los del Plan Mas Cerca, convenidos con Nación para realizar 7.149 metros de cordones, de los que se construyeron el 30% dejando 200.000 pesos en la cuenta desde mayo, por lo que hoy no alcanzaría para concretar el total de la obra.
Además se enumeró la deuda social, como las 120 viviendas que están sin entregar desde hace 2 años y la terminal de ómnibus, también con obras anexas pendientes desde hace mas de dos años, que hoy, sólo para su mantenimiento y cuidado, demandan 40.000 pesos mensuales, además de lo que significará la inversión importante para ponerla en marcha y con cuyos fondos hoy no cuenta el municipio.
Se enumeraron los juicios pendientes que se calcula estimativamente en una erogación de 3.000.000 de pesos.
También, en un extenso documento, Roxana Lercari explicó que “el pasado 18 de febrero se pusieron a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 14 carpetas con documentación contable con el objeto que se investigue la supuesta adulteración de cuentas municipales.”
“Dichas maniobras consiste en consignar ingresos inexistentes durante el período 2014 por un importe superior a los 14 millones de pesos, y habría tenido el objeto de fraguar los índices de la Municipalidad de Realicó con la finalidad de recibir mayores ingresos de coparticipación provincial durante el período 2015, puesto que el índice para distribuir la masa coparticipable depende – en parte – de la cuantía de la recaudación municipal.
“La maniobra encabezada por el señor Facundo Sola, habría incurrido en la ilegalidad de consignar en la contabilidad municipal mayores ingresos que los reales. La recaudación declarada que nunca se efectivizó asciende a la suma de $ 14.976.771,94. Aclarando que la recaudación real del municipio ronda los $ 14.000.000.- y se registraban $ 30.000.000, o sea el 100% mas sobre lo real.”
También denuncia el documento que así como gran parte de los recursos no eran reales, también se incluyeron gastos que nunca ocurrieron.
En la contabilidad municipal podemos observar órdenes de pago sin ningún respaldo documental. Las órdenes de pago por supuestos gastos que nunca ocurrieron representan un importe de $14.9777.071,94. Las citadas órdenes de pago se hallan suscriptas por el intendente municipal y el secretario de Finanzas, y las mismas se concentran en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuyos balances fueron aprobados en el Concejo Deliberante por la mayoría del bloque del PJ, lo que luego fue presentado por el Ejecutivo Municipal, encabezado por Facundo Sola, ante la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia.
Roxana Lercari explicó que “ante las inconsistencias de los datos relevados, es nuestra obligación como funcionarios públicos poner en conocimiento y a disposición de los órganos de investigación pertinentes tal situación.”

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