El TIP dejó firme la condena contra Juan Pablo Escobar

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(Foto: juicio en tribunales piquenses)

En la ciudad de Santa Rosa, en la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal los jueces Fernando G. Rivarola y Mauricio F. Piombi, asistidos por la secretaria María Elena Grégoire, el jueves 23 de marzo confirmaron en todos sus términos el fallo contra Juan Pablo Escobar, sentencia dictada por el juez Florentino Rubio, con fecha 21 de octubre de 2016, por la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico. No haciendo lugar al pedido al recurso de impugnación interpuesto por el abogado Sebastián País Rojo, defensor particular de Escobar.

EL FALLO
En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Parnpa, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se reúne la Sala B del Tribunal de Impugnación, integrada por los señores Jueces Fernando G. Rivarola y Mauricio F. Piombi, asistidos por la secretaria María Elena Grégoire, a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto por el abogado Sebastián País Rojo, defensor particular de Juan Pablo Escobar en Legajo N°22665/1. caratulado: “ESCOBAR, Juan Pablo s/ Recurso de Impugnación.’ contra la sentencia dictada con fecha 21 de octubre de 2016, del que
RESULTA:
I.) Que el Juez de Audiencia Juicio de Segunda Circunscripción Judicial, Florentino Rubio, en ejercicio de la jurisdicción unipersonal, mediante sentencia Nº 669, condena a Juan Pablo Escobar como autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas ambos agravados por haber sido cometidos por la conducción imprudente de un vehículo automotor, en concurso ideal, a la pena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas. Artículos 40, 41, 54, 84, 90 y 94 del Código Penal y artículos 355, 474 y 475 del Código Pro.sal Penal.

II.) Que contra dicha resolución, el Defensor actuante, Sebastián Pais Rojo , interpone recurso de impgunación de acuerdo a lo prescripto en el arts. 400, inc. 1° y 3°, 402, prirner párrafo, 405, inc. 1°, y 406, todos del Código Procesal Penal.
Alega el defensor que la sentencia adolece de una errónea aplicación de la Ley sustantiva (art. 400 Inc. 1° del C.P.P.) y a una errónea valoración de la prueba (art. 400 Inc. 3° del C.P.P.). Considera que de la correcta aplicación de la ley, la condena de Escobar debe serlo por el mínimo legal previsto para el caso, esto es, 2 años de pena de prisión, y en la modalidad de cumplimiento condicional y 5 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores.
Aclara el letrado que los agravios están dirigidos a lo que la defensa entiende es una errónea aplicación de la ley sustantiva, concretamente de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y que “se traduce en una construcción de la respuesta punitiva que no respeta garantías y principios de raigambre constitucional y convencional, como el fin resocializador de la pena (Art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), la prohibición de doble punición (Art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 Constitución Nacional).
Asimismo, y como preludio de la determinación judicial de la pena en el caso concreto, el decisor valorado parcialmente (y por ende, erróneamente) un elemento probatorio central en la definición de la culpabilidad (en términos de nivel analitico de la teoría del delito), que hubiera sin duda arrojado un estado de imputabilidad disminuida en Escobar al momento del hecho. Ello también tiene correlato en la respuesta punitiva que se decida, y su no consideración, afecta el principio constitucional de Culpabilidad.”
Por último agrega que el principio fue además afectado por el decisor, en una de las consideraciones agravantes de la pena impuesta, así como en la proporcionalidad de la misma.

III.) Admitido formalmente el recurso deducido, se le dio el trámite previsto para el procedimiento común, celebrada la audiencia dispuesta por el art. 410 del formal junto a la de visu el día 21-02-2017 en la ciudad de General Pico, escuchadas que fueran las partes y en conocimiento de las mismas la integración de la Sala llamada a decidir, ha quedado la cuestión en condiciones de ser resuelta.
Asi.
El señor Juez Rivarola dijo: 1.) En principio, cabe afirmar que el recurso de impugnación deducido por el letrado defensor de Juan Pablo Escobar resulta admisible, toda vez que, razonablemente fundado, se dirige contra una sentencia definitiva. por parte de quién resultara condenado -arts. 400 y 403 del C.P.P.-, habiendo sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma previstas en la norma del art. 406 del ritual.
2.) Por otra parte los motivos en los que se fundamenta, se encuentran debidamente explicitados, brindando los mismos, el marco de conocimiento y contralor que este Tribunal revisor debe efectuar, a los efectos de garantizar a quién resultara condenado mediante sentencia aún no firme, el derecho que tiene de que la imputación concreta en su contra, sea analizada una vez más en forma integral, a los fines de legitimar plenamente el poder punitivo estatal.
Ello conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos (art.8:2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art.14.5), incorporados a nuestra Carta Magna, corno ordenamiento legal positivo, con la reforma constitucional de 1994.
En tal sentido. la C.S.J.N. en el Fallo “Casal, Matías y otro” (del 20/09/05). al referirse sobre los alcances de esta segunda instancia o doble conforme, expresó que:”…debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, toda lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.

3.) Cabe analizar el agravio del recurrente al cuestionar el monto de la pena aplicada. Considera el defensor que no se han ponderado correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal -lo que implica una errónea aplicación de la ley sustantiva, según lo dispuesto en el inc. 1 del art. 400 del Cod. Procesal Penal, invocado-, afectándose igualmente el principio de proporcionalidad de la penas, previsto en el art. 18 de la CN.

Alega el letrado que el sentenciante afectó el principio de culpabilidad ya que “….del análisis de alcoholemia correspondiente a Escoba, surge que tenía 2,15 gramos alcohol por cada 1000 c.c. de sangre…”, cita que el Juez repasa las tablas de alcoholemia “…para darle real dimensión a la alteración psicofísica que el alcohol en dicha dosis causó en el imputado…”, y que todas las referencias a las que recurre no hacen más que dar cuenta que Escobar, al momento del hecho, presentaba claramente un grado de intoxicación alcohólica de tal gravedad, que sin duda afectó su capacidad para dirigir sus acciones conforme a la comprensión de la criminalidad que pudiera haber tenido.

También considera que se afectó el principio de prohibición de doble punición. Por último entendió que la sentencia vulnera el fin resocializador de la pena ya que el encarcelamiento de Escobar se aleja del fin punitivo del estado, además considera que se vulneró el principio de igualdad y que existe una inequidad entre esta resolución en comparación con otras como la del Legajo 16743/2: DESUQUE, Juan Javier s/Recurso de Impugnación”, con tres víctimas fatales), y/o con una alta entidad culposa (“Legajo 17594/14: MÁRQUEZ, Joaquín Daniel s/ recurso de impugnación”, poniendo de relieve el fallo 477, dictado por el Dr. Losi en el expediente 13604 de la segunda jurisdicción judicial.

Adelanto mi opinión de que no comparto las argumentaciones del quejoso, cabe poner de manifiesto que el sentenciante fijó el hecho de la siguiente manera: “… el día 12 de abril de 2015, aproximadamente a las 06:00 horas, Juan Pablo Escobar circulaba, alcoholizado y con exceso de velocidad por la Avenida Sarmiento de Intendente Alvear, en sentido norte a sur, conduciendo la camioneta Chevrolet Silverado, dominio BMA-822, luego de trasponer la calle Juan José Paso y, aproximadamente, a 45 metros de la Avenida España, embistió desde atrás a la motocicleta Zanella ZB, dominio 561-HET, conducida por Carlos Ariel Lobos a quien acompañaba Alejandro Sebastián González, que circulaba en el mismo sentido que Escobar.
Como consecuencia del impacto González falleció en el lugar y Lobos sufrió lesiones de carácter graves. Que la colisión se produjo por la imprudencia de Escobar que conducía la camioneta altamente alcoholizado y con exceso de velocidad, lo que le impidió advertir la motocicleta que circulaba delante suyo…

Que el sentenciante al describir la vulneración de la norma, manifestó que se integra con la violación al deber de cuidado, el resultado y el nexo de determinación entre ambos, poniendo de relieve la opinión de Zaffaroni que “Con la afirmación de la causalidad y de la violación del deber de cuidado, no se está aún en condiciones de afirmar la tipicidad culposa, por que resta averiguar si el resultado está determinado por la violación normativa, o sea, si media una conexión o nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado.” (Eugenio R. Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Ed. Ediar, Bs.As. 2012, págs.436/437).

Agregó que Escobar “…violó las siguientes normas de tránsito que conformaban el deber de cuidado que tenía a su cargo al conducir su camioneta, establecidas en la Ley Nacional de Tránsito, 24.449 aplicable en el caso: La del artículo, 39 inciso b) ‘circular con cuidado y prevención, conservando en todo el momento el dominio efectivo del vehículo…, teniendo en cuenta los riegos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito’, la del artículo 51 ‘Los límites máximos de velocidad son: a) en zona urbana… 2) en avenidas: 60 km/h..

Quedó demostrado con la pericial de Morán que Escobar conducía a una velocidad no inferior a los 67 k/h, la del artículo 48 ‘Está prohibido en la vía pública a) ….conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre’. Como tuve por probado, Escobar conducía alcoholizado con un valor no inferior a 2,15 grs/1000 c.c. de sangre.”
Entiendo que en este caso en particular no existe una doble punición, si bien la norma en análisis es un tipo abierto, el sentenciante complementó el tipo penal con la conducta reprochable argumentando que Escobar vulneró el art. 48 de la Ley Nacional de Tránsito al conducir ebrio, ello no impide valorar las circunstancias especiales que presentó este caso, cuando el Código establece que se debe valorar la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, se entiende que debe valorarse como se desarrolló el hecho constitutivo del delito, el modo de ejecución del mismo en cada caso en particular de cada ilícito, esto conlleva a diversos modos de formas de ejecución y revela múltiples aspectos que deben ser valorados para agravar o atenuar la pena para cuantificar la misma, como sucedió en concreto.
En el caso bajo análisis como ya lo dijera, el sentenciante complementó el tipo penal con la conducta vulnerada, desde ya la que la punición era conducir en estado de ebriedad, tal como lo sanciona la norma, pero en este caso Escobar lo hizo superando los límites convencionales lo cual conllevó un mayor riesgo en su accionar y tal fue así que causó una muerte y lesión grave en las personas protagonistas del hecho.

Al decir de David Baigún-Eugenio Raúl Zaffaroni, Cod. Penal comentado pag. 93, tomo 2′ fin de evitar la doble valoración es necesario identificar las valoraciones que se encuentran en el trasfondo de la norma, interpretando qué es lo que se pretende protege, a fin de excluir las valoraciones que ya fueron consumidas por el legislado, “…la prohibición de la doble valoración circunscribe obligación del juez de fundar la sentencia utilizando argumentos propios del caso y no aquellos que, en forma general, fueron tenidos en cuenta por el legislador para crear la prohibición”.
Considero que obtiene mayor relieve el análisis efectuado por el sentenciante al complementar el tipo penal, lo que no escapa que adquiera mayor valor incriminante la mayor cantidad de alcohol en sangre como en este caso en particular. No advierto que se haya duplicado la circunstancia ponderada por el legislador para establecer el tipo penal con la consideración de la modalidad comisiva como en este caso concreto.

No se advierte que el imputado al momento de vulnerar la norma haya actuado con su facultades disminuidas, ya que si nos remontamos al análisis de la prueba colectada en el legajo, el imputado realizó durante un tiempo prolongado las acciones útiles y necesarias para colocarse en la situación esperada por el legislador, tal surge de las probanzas que concurrió a varios bares en los cuales bebió en demasía lo que conllevó al acometimiento fatal que ya se conoce.
Tampoco comparto que se vulnera el principio de equidad como lo sostiene el recurrente, en primer término porque el caso al que hace referencia no presta a ningún tipo de analogía con el aquí tratado, ya que se planteó la inconstitucionalidad de una norma, circunstancia que no ha sido planteada en el presente por la defensa, sino que hace alusión a que en otros casos de apariencia similares se ha dictado condenas menos
severas.

Debo hacer notar que tal surge de la prueba analizada por el a quo y valorada la misma a los efectos de graduar el quantum de la pena que Escobar no solo causó la muerte de una persona González, sino también que le causo lesiones de carácter graves a Lobos. Lo que lleva un mayor reproche penal ya que conducía un una localidad de la cual el imputado es oriundo, conoce el tránsito de la misma y la forma en que se debía conducir. Máxime el día en que se produjo el accidente cuando los ciudadanos del lugar regresaban a sus domicilios, no siendo ajeno Escobar a esos conocimientos por su calidad de habitante de Intendente Alvear.
Ello me lleva a citar a Fleming y Lopez Viñals que en su obra explican: “…Entendemos que el juicio de reproche se compone con el modo e intensidad de agresión al bien jurídico, lo que provoca una ligazón entre la magnitud del injusto y la culpabilidad. Se es más culpable o se está más sujeto al reproche cuanto más intensamente se ofende al bien jurídico, pero no por la función protectiva respecto de este último, sino por la revelación de un mayor grado de lesividad y reprochabiliclad en el caso concreto, que se modula junto con las circunstancias o situación personal que ayudan a motivarse o desmotivarse frente al hecho” -“Las Penas”, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2009, pág. 185,

Considero por lo antedicho que resulta plenamente proporcionado el quantum punitivo impuesto en la sentencia, habida cuenta de que debe existir relación con el bien jurídico afectado. Además considero que Escobar cumpliendo la progresividad del régimen establecido en la Ley N° 24660 cumplirá, si se comporta adecuadamente una pena temporal más benigna, lo cual me hace sostener que se cumplirá con el fin resocializador.
Concluyo, por las consideraciones expuestas, que corresponde rechazar el recurso y confirmar la sentencia condenatoria dictada por el Juez Florentino Rubio en ejercicio de la jurisdicción unipersonal de la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial.
El señor Juez Piombi dijo: Que atento los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero a los mismos y expido mi voto en igual sentido.
Por ello, la Sala B del Tribunal de Impugnación, FALLA: 1.) NO HACER LUGAR la impugnación deducida por la defensa de Juan Pablo Escobar contra la sentencia N° 643 dictada, con fecha 21 de octubre de 2016, por la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, CONFIRMAR, en consecuencia, en todos sus términos, la misma.
Notífiquese, protocolícese y remítase al organismo interviniente, supliendo la presente de atenta nota de estilo.
Firmado: Juez Fernando G. Rivarola. Juez Mauricio F. Piombi. Secretaria María Elena Grégoire. Tribunal de Impugnación Penal

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